Suecia exportará hasta 600 presos a Estonia para aliviar el colapso carcelario
Contexto y antecedentes
Suecia enfrenta una crisis penitenciaria histórica: sus 46 cárceles están operando con una ocupación del 141 %, según datos de 2024, lo que refleja una tensión creciente en el sistema penitenciario. Aunque incluyendo alojamientos de reserva, el uso efectivo se sitúa en torno al 96 %. Esta situación, que contrasta con cárceles medio vacías hace solo unos años, se ha disparado por el aumento de la violencia de pandillas y el endurecimiento de las penas judiciales: en 2023 los tribunales dictaron casi 200.000 meses de prisión, un salto del 25 % respecto al año anterior y el doble de la cifra en 2014.
El acuerdo con Estonia: una solución externa
En junio de 2025, Suecia firmó un acuerdo con Estonia para alquilar hasta 400 celdas en la prisión de Tartu, lo que permitiría trasladar hasta 600 presos hombres adultos condenados por delitos graves como homicidio o agresión sexual —pero excluidos quienes representen un alto riesgo de seguridad, como terroristas o reclusos con necesidades psiquiátricas graves.
El contrato establece que:
- Toda la cárcel estará a disposición de Suecia, aunque se aplicará la legislación estonia y el personal local supervisará la operación, con apoyo de guardias suecos y traductores.
- El coste estimado por preso es de 8.500 € al mes, frente a los aproximadamente 11.500 € mensuales en Suecia —supone un ahorro económico pese al traslado.
El acuerdo fue definido por el gobierno sueco como una medida “histórica” dentro del Acuerdo de Tidö, pacto entre partidos de centroderecha y ultraderecha que sostiene el Ejecutivo desde 2022.
¿Cuándo se implementará?
La propuesta requiere la aprobación parlamentaria de Suecia y Estonia. Se espera que entre en vigor en verano de 2026, con los primeros traslados previstos desde esa fecha.
Reacciones y el cambio en política
Analistas y organizaciones de derechos humanos han criticado esta política, advirtiendo sobre riesgos como el aislamiento de los presos, pérdida de familiaridad con el entorno sueco y un alejamiento del modelo de rehabilitación que tradicionalmente caracterizó al sistema sueco. Además, está el dilema ético de externalizar funciones del Estado y posibles dificultades jurisdiccionales.
Por su parte, el ministro Gunnar Strömmer ha defendido la medida como una "solución práctica" a la saturación del sistema penitenciario nacional.