Manual para entender a la extrema derecha en España (aunque vivas fuera y no te enteres de nada)

¿Te cuesta seguir lo que está pasando con la política española desde fuera? ¿Ves titulares sobre Vox, ultracatólicos, querellas por chistes, o donaciones ilegales y no sabes de qué va la cosa? Tranquilo, no eres la única persona.

Este artículo está pensado como un manual para entender el auge de la extrema derecha en España, especialmente útil para quienes viven fuera del país o no siguen el día a día político. Aquí encontrarás explicado, con lenguaje claro pero documentado, quién está detrás del dinero que financia a Vox, qué relación tienen con ellos organizaciones como Abogados Cristianos o Hazte Oír, qué es esa secta secreta llamada El Yunque, y por qué parece que algunas querellas se usan más como arma ideológica que como mecanismo de justicia.

También te explicamos cómo estos grupos se conectan con movimientos antivacunas, negacionistas o conspiranoicos, y por qué no es casual que coincidan en las redes y en los votos.

No hace falta que seas politólogo ni periodista: esta guía está pensada para que tú, como migrante o simplemente como persona que está harta de tanta polarización sin contexto, puedas entender mejor qué está pasando realmente en tu país de origen. Y quizás, también, que puedas explicarlo con argumentos si te toca hablar del tema.

Introducción

En los últimos años, la extrema derecha ha ganado espacio en la política y la sociedad española. Partidos como Vox y organizaciones asociadas –incluidos lobbies ultracatólicos y grupos negacionistas– han protagonizado polémicas sobre sus fuentes de financiación y sus vínculos de poder. La pregunta clave que se plantean muchos observadores es: “¿De dónde viene el dinero que va a parar a la extrema derecha, y con qué intereses?”. Siguiendo el conocido consejo de “sigue el dinero”, este informe explora las tramas de financiación detrás de Vox y sus aliados, revelando conexiones que van desde millonarios locales hasta redes internacionales ultraconservadoras. También analizamos por qué las sanciones judiciales por las irregularidades detectadas han sido relativamente leves, así como el uso de la vía judicial para amedrentar la libertad de expresión mediante querellas impulsadas por estos sectores. El objetivo es arrojar luz, con enfoque periodístico y datos verificados, sobre quién está detrás del auge de la extrema derecha en España y qué objetivos persiguen al financiarla.

Vox y su financiación bajo la lupa

La financiación del partido Vox ha estado bajo escrutinio desde sus inicios. Una de las primeras revelaciones fue que el 80% de la campaña de Vox para las elecciones europeas de 2014 se pagó con dinero procedente del exilio iraní. En concreto, un grupo de opositores iraníes (el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, CNRI, vinculado a la organización Muyahidines del Pueblo) aportó cerca de 1 millón de euros a Vox durante sus primeros meses de vida. Estas aportaciones –canalizadas a través de transferencias internacionales de centenares de simpatizantes iraníes– sirvieron para costear gastos operativos del partido, desde alquileres de sede hasta salarios, incluido el sueldo de Santiago Abascal. Cabe destacar que la ley española prohíbe donaciones de extranjeros una vez convocadas elecciones, pero en 2014 Vox no obtuvo representación y no estaba obligado a presentar contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas. Esto permitió que aquella inyección de dinero foránea pasara inicialmente inadvertida para las autoridades.

A medida que Vox creció, han aflorado otros mecanismos opacos de financiación. Varias investigaciones periodísticas y testimonios internos apuntan a que la dirección de Vox ideó fórmulas para ocultar donantes importantes nacionales, fraccionando sus aportaciones. Por ejemplo, exdirigentes han denunciado que en 2017 se instruyó a los líderes provinciales de Vox a camuflar las donaciones de empresarios mediante testaferros, familiares o amigos, evitando así que sus nombres aparecieran en los registros oficiales. Según un exresponsable de Vox en Badajoz, se llegó a plantear que “si un empresario quería donar dinero, nosotros recogiésemos ese dinero y lo ingresáramos a través de terceros de confianza”, método que algunos se negaron a ejecutar por temor a incurrir en blanqueo de capitales. Este testimonio sugiere que hubo aportaciones de importantes fortunas españolas al nacimiento de Vox, pero de forma encubierta. De hecho, se sabe que una serie de grandes empresarios y millonarios –muchos vinculados al lobby ultracatólico– contribuyeron económicamente en la etapa fundacional a través de la asociación Hazte Oír (como detallaremos más adelante)

Otra táctica que levantó sospechas fue el auge de pequeñas donaciones anónimas disfrazadas de compraventa de merchandising. En 2018 Vox declaró haber recaudado unos 22.000 € vendiendo pines, llaveros o bolígrafos, cifra que se disparó a 354.000 € en 2019. La mayor parte de ese dinero ingresó mediante depósitos en efectivo inferiores a 300 €, justamente el límite a partir del cual la ley exige identificar al donante. Esta cascada de microdonaciones (“pitufeo”) hizo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas, pues sugería una estrategia deliberada para captar fondos de forma opaca. Asimismo, Vox lanzó colectas para causas políticas concretas –por ejemplo, una campaña para financiar una querella contra el entonces president catalán Quim Torra recaudó 31.600 €–, pese a que pedir dinero para fines finalistas específicos está prohibido por la Ley de Financiación de Partidos. En esa “querella contra Torra”, el Tribunal de Cuentas determinó que al menos 10.563 € captados fueron irregulares (el resto provino de afiliados, lo cual sí era legal).

Fruto de todas estas prácticas, Vox acumula ya tres sanciones oficiales del Tribunal de Cuentas. La más reciente (julio de 2025) impuso 50.000 € de multa por las donaciones finalistas de 2020, consideradas infracción “muy grave”. Anteriormente, el órgano fiscalizador ya había multado con 132.000 € las irregularidades de 2018-2019 (uso de dinero anónimo en cajeros y colectas prohibidas) y con 862.000 € las de 2019-2020. En total, Vox afronta más de 1 millón de euros en multas por financiarse vulnerando la ley. No obstante, muchos críticos señalan que estas sanciones económicas son relativamente leves en comparación con los beneficios obtenidos y no han frenado las prácticas cuestionadas. Por ejemplo, Vox continuó recurriendo a fuentes polémicas de financiación, argumentando persecución política cuando se le investiga. Hasta la fecha, ninguna de estas infracciones ha conllevado penalizaciones penales ni la suspensión de actividad del partido, lo que para algunos evidencia “problemas con la justicia” o vacíos legales que la extrema derecha aprovecha.

Otro pilar de financiación de Vox han sido préstamos millonarios procedentes del extranjero. En 2023 trascendió que Vox obtuvo un crédito de 6,5 millones de euros de un banco húngaro estrechamente ligado al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán. Ese banco –MBH, cuyo principal accionista es un fondo estatal de Hungría– permitió a Vox costear sus campañas de las elecciones generales y municipales de 2023, alegando el partido que “la banca española se negaba a financiarles”. Más tarde Vox solicitó otro préstamo de 7 millones a la misma entidad para sus actividades, de los cuales a finales de 2024 aún adeudaba más de 2 millones. Estos vínculos con financiación pública extranjera vulnerarían la normativa española (que prohíbe fondos de gobiernos o entes públicos de otros países). El asunto motivó una denuncia del PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción, señalando tanto el préstamo húngaro como las donaciones fraccionadas en metálico, por considerar que Vox se financia de modo “opaco” e ilegal. De hecho, Anticorrupción abrió en 2025 diligencias de investigación sobre Vox por estos hechos. Sin embargo, cabe recordar que ya en 2020 una primera denuncia por “pitufeo” fue rápidamente archivada por la Fiscalía de Madrid, lo que sugiere cierta pasividad inicial de la justicia frente a estas irregularidades hasta que hubo presión política y mediática suficiente.

Paralelamente, existen indicios de que Vox ha canalizado fondos públicos hacia entes afines. Gracias a sus éxitos electorales, Vox recibe cuantiosas subvenciones del Estado (por escaños y votos obtenidos) y asignaciones para su fundación vinculada, Disenso. Tras romper con Vox, la exdiputada Macarena Olona denunció que “el patriotismo es un negocio muy lucrativo” dentro del partido, detallando desvíos de dinero a través de la fundación Disenso para beneficio de un “entramado societario” próximo a la cúpula. Documentos internos acreditan que desde su creación en 2020 hasta enero de 2023, Disenso recibió 4,87 millones de euros (en buena medida, dinero público procedente de Vox). Estas revelaciones apuntan a que más allá del discurso antiélites, la cúpula de Vox maneja importantes sumas en la sombra, alimentando proyectos ideológicos propios e incluso pagando a sus dirigentes a través de estructuras paralelas. En suma, al “seguir el dinero” de Vox encontramos una combinación de donantes iniciales foráneos (exilio iraní), apoyos encubiertos de empresarios locales, ingeniería financiera doméstica (microdonaciones en B) y créditos de potencias extranjeras afines (Hungría). Todo ello ha contribuido al rápido ascenso de este partido ultraderechista, alineado con agendas internacionales antiliberales, mientras las consecuencias legales se han limitado –por ahora– a multas administrativas de cuantía criticada como mínima en proporción al dinero movilizado.

Donantes millonarios y redes ultracatólicas: Hazte Oír, CitizenGo y sus intereses

Detrás de la financiación de la extrema derecha española no solo opera el partido político, sino también una constelación de organizaciones ultraconservadoras que proveen apoyo material, mediático e ideológico. En este entramado destaca la asociación Hazte Oír, activa desde la década de 2000 como lobby católico, y su plataforma internacional CitizenGo. Ambas han servido de puente entre grandes fortunas y proyectos políticos ultraderechistas como Vox. De hecho, una filtración de WikiLeaks reveló que multimillonarios españoles financiaron la expansión de Hazte Oír/CitizenGo, lo que indirectamente favoreció el nacimiento de Vox. Entre los nombres sobresalen pesos pesados del empresariado nacional: Esther Koplowitz (constructora, accionista de FCC), Isidoro Álvarez (expresidente de El Corte Inglés), Juan Miguel Villar Mir (exministro y magnate de OHL) o David Álvarez Díez (fundador del grupo Eulen). Por ejemplo, David Álvarez aportó 20.000 € para un congreso de familias organizado por Hazte Oír en 2012, Koplowitz donó 10.000 € para ese evento, la misma cantidad que Álvarez (El Corte Inglés), mientras Villar Mir contribuyó con 5.000 €. Estos caudales impulsaron la agenda ultracatólica de Hazte Oír, centrada en combatir el aborto, el feminismo o los derechos LGTB, pero además allanaron el camino para Vox. No en vano, Vox surgió en 2013-2014 en estrecha sintonía con Hazte Oír, compartiendo dirigentes (Alejandro  Paéz y otros activistas) y causas, hasta el punto de que se habló de un “idilio” entre ambos hasta años recientes.

El líder de Vox, Santiago Abascal (centro), junto a Ignacio Arsuaga (derecha), presidente de Hazte Oír, y otros activistas ultracatólicos en un acto. Hazte Oír jugó un papel clave conectando a Vox con redes de financiación y apoyo ultraconservador.

Además del apoyo de empresarios nacionales, las redes ultracatólicas en torno a Hazte Oír buscaron financiación en el extranjero, alineándose con actores globales de extrema derecha. Un caso ilustrativo es el acercamiento al Kremlin: en abril de 2013, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, escribió al oligarca ruso Konstantín Maloféyev para presentarle el proyecto CitizenGo y agradecerle la reunión personal que mantuvieron. Maloféyev, conocido por financiar iniciativas ultraconservadoras y próximas a la Iglesia ortodoxa rusa, recibió de Arsuaga la petición de fondos: Hazte Oír ya tenía 170.000 € comprometidos de otros dos donantes, pero le faltaban 258.000 € para lanzar completamente CitizenGo. Esta misiva muestra la conexión de la ultraderecha española con el dinero de oligarcas internacionales, motivados por debilitar el liberalismo occidental y promover valores ultrarreligiosos. De hecho, CitizenGo se convirtió gracias a esos apoyos en un “motor internacional” de partidos ultras (según Público). La plataforma sirvió para tejer alianzas paneuropeas: en 2017, Arsuaga invitó a Santiago Abascal a la cumbre de la derecha euroescéptica en Coblenza (Alemania), donde Vox contactó con líderes como Marine Le Pen, Geert Wilders o representantes de Alternativa por Alemania Así, Hazte Oír/CitizenGo ha sido un vehículo clave para introducir a Vox en la red continental de la extrema derecha, compartiendo recursos, financiación y estrategias comunes.

El interés de estos donantes –tanto nacionales como extranjeros– en apuntalar a la extrema derecha obedece a diversos motivos. Por un lado, empresarios españoles de trayectoria conservadora veían en Vox y Hazte Oír una forma de frenar las políticas progresistas (matrimonio igualitario, leyes de género, subidas de impuestos a grandes empresas, etc.) y retornar a “valores tradicionales” que ellos comparten. Muchos de ellos son católicos acaudalados que durante años apoyaron al PP, pero consideraron necesaria una agenda aún más dura contra la “ideología de género” o el independentismo, objetivos que Vox abrazó sin complejos. Por otro lado, actores internacionales ultraconservadores o autoritarios perciben beneficios geopolíticos: por ejemplo, al Kremlin le interesa promover fuerzas euroescépticas y dividir a la UE, mientras que a líderes como Orbán les beneficia tener aliados ideológicos en España que cuestionen a Bruselas. Asimismo, sectores integristas religiosos transnacionales (católicos tradicionalistas, evangelistas fundamentalistas e incluso algunos grupos islámicos anti-iraníes como el CNRI) invierten en estos movimientos esperando avances en su agenda moral (contra el aborto, contra los derechos LGBTQ+, contra la educación laica). En suma, al “seguir el dinero” se descubre que detrás de Vox y sus asociaciones satélite hay una alianza de conveniencia entre poderosos intereses: financieros (élites económicas que buscan influir en la política), ideológicos (sectas y lobbies religiosos) y estratégicos (gobiernos y oligarcas que socavan la democracia liberal desde dentro). Todos ellos convergen en nutrir a la extrema derecha española con recursos, esperando un retorno en forma de políticas afines a sus intereses.

‘Lawfare’ ultra: Abogados Cristianos y las querellas contra la libertad de expresión

Otro ámbito donde fluye el dinero ultra con un propósito político es el de las batallas judiciales. En España, varias organizaciones vinculadas a la extrema derecha se han especializado en impulsar querellas y demandas contra artistas, periodistas, funcionarios o activistas, muchas veces por expresiones consideradas ofensivas hacia la moral conservadora. Esta práctica de acoso judicial –conocida como lawfare– busca intimidar y censurar a voces progresistas mediante procesos penales o civiles costosos. Para llevarla a cabo, estos colectivos necesitan financiación significativa, la cual a menudo proviene de las mismas redes ultracatólicas mencionadas. La entidad paradigmática en este terreno es la Asociación Española de Abogados Cristianos, cuya actividad y financiación han crecido exponencialmente al calor del auge ultraconservador.

Abogados Cristianos se define como una organización sin ánimo de lucro dedicada a la “defensa jurídica de la vida, la familia natural y la libertad religiosa”, pero en la práctica se ha convertido en uno de los brazos legales más activos de la ultraderecha. Sus cuentas recientes revelan una extraordinaria bonanza económica: en 2022 tuvo una cifra de negocio de casi 750.000 €, siete veces superior a la del año anterior, y obtuvo beneficios netos de 567.000 € (un margen del 75% sobre ingresos). Al estar constituida como fundación sin ánimo de lucro, no paga impuesto de sociedades, por lo que ese excedente queda íntegro para sus arcas . Llama la atención que una asociación supuestamente modesta logre semejante superávit. ¿De dónde procede el dinero? La propia transparencia de sus cuentas es limitada. Abogados Cristianos declaró en 2022 tener 3.048 socios y 5.008 donantes, pero en sus balances presentados ante la Junta de Castilla y León la partida de “donaciones y legados” aparece curiosamente vacía. Sus estatutos mencionan fuentes de ingreso variadas (patrimonio, patrocinios, subvenciones públicas, cuotas de servicios, etc.), pero no detallan cuánto aporta cada fuente . Lo que sí se sabe es que su disponibilidad de efectivo se multiplicó por seis en un año (686.000 € en caja en 2022), y que han empezado a invertir en estructura propia: tras años sin personal remunerado, en 2022 declararon gastos de personal de 103.755 € para una pequeña nómina de empleados (Polonia Castellanos, su presidenta, admitió tener 5 abogados contratados).

  Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos (centro), junto al exministro Jaime Mayor Oreja (PP) en un acto contra el aborto. La asociación ha tejido alianzas con sectores políticos conservadores tradicionales, a la vez que sus cuentas muestran un aumento espectacular de ingresos en 2022.

La actividad judicial de Abogados Cristianos explica en parte su necesidad de fondos: solo en 2022 abrió 71 procesos judiciales en 17 provincias, actuando como acusación popular en causas penales y contenciosos. Entre sus blancos habituales figuran todo tipo de iniciativas que chocan con su ideario ultracatólico: ayuntamientos que retiran cruces de espacios públicos o cuelgan la bandera arcoíris, organismos que fomentan la educación sexual o la igualdad de género, leyes como la del aborto o la eutanasia, eventos culturales irreverentes, etc. Por ejemplo, Abogados Cristianos se querelló contra autoridades locales por quitar símbolos religiosos o exhibir la bandera LGTB en edificios municipales, demandó a revistas satíricas (El Jueves y Mongolia) por caricaturizar a figuras sagradas o a la propia presidenta de la asociación, e incluso persiguió penalmente performances artísticas como la procesión feminista del “Coño insumiso” en Sevilla (2014). Aunque la mayoría de estas querellas terminan archivadas o fracasando –siete años después, las activistas del “Coño insumiso” fueron absueltas de ofensa religiosa–, la estrategia logra su propósito de generar un efecto chilling (miedo a expresarse libremente bajo amenaza legal) y de mantener viva la agenda ultra en medios y juzgados.

Sostener este voluminoso lawfare requiere recursos para abogados, costas y fianzas judiciales. Cada vez que Abogados Cristianos se persona en un procedimiento penal como acusación popular, debe depositar una fianza que puede ascender a miles de euros por caso. En 2022 declararon unos 78.000 € en gastos de explotación, posiblemente correspondientes a esas fianzas y costes procesales. No sorprende, entonces, que necesiten nutrirse de donaciones y apoyos externos. ¿Quién está financiando esta “Brunete legal” ultra? Las pistas llevan de nuevo a las redes de poder católico-conservadoras: Abogados Cristianos fue fundada en 2008 y presidida hasta hoy por Polonia Castellanos, una abogada estrechamente vinculada a Vox (su marido, Alfonso González, es cofundador de la asociación y excandidato de Vox). En su patronato ha participado gente como Jaime Urcelay, expresidente de Profesionales por la Ética (otra asociación pantalla del Yunque, de la que luego hablaremos), e incluso un exmagistrado del Tribunal Supremo, Francisco Javier Borrego, conocido por afinidad a círculos ultraderechistas (fue vocal de Abogados Cristianos y coacusador junto a Vox en la causa contra los líderes independentistas catalanes). La propia foto de Polonia Castellanos con Jaime Mayor Oreja, exministro del PP volcado ahora en movimientos “provida”, muestra la conexión de Abogados Cristianos con altas figuras de la derecha tradicional española. Asimismo, investigaciones señalan que Hazte Oír/CitizenGo ha apoyado a Abogados Cristianos, sirviendo de altavoz para sus campañas e incluso compartiendo miembros en común. No es casualidad: las dos organizaciones persiguen fines similares y se mueven en la órbita de la misteriosa secta El Yunque.

En resumen, las querellas contra la libertad de expresión promovidas por Abogados Cristianos y otros grupos afines (Manos Limpias en el pasado, asociaciones ultracatólicas regionales, etc.) están financiadas por una red de socios, donantes privados y estructuras paralelas vinculadas a la extrema derecha. Su motivación es doble: por un lado, ideológica, buscando imponer su visión religiosa a través de los tribunales; por otro, política, intentando desgastar al adversario (sea un gobierno progresista, un colectivo feminista o un artista crítico) a base de litigios. Es una táctica que requiere capital, y éste proviene en buena medida de donaciones opacas de la misma base ultraconservadora que financia a Vox: organizaciones pantalla, fundaciones y plataformas dispuestas a costear la “guerra cultural” en los juzgados. Paradójicamente, generan también su propio negocio: Abogados Cristianos, por ejemplo, no solo litiga sino que ha montado una “Academia Jurídica Diké” donde entrena a jóvenes juristas afines en “servir al bien” con cursos becados de 3.000 €, sembrando así la próxima generación de abogados militantes. Todo esto se sostiene con los generosos excedentes que sus cuentas reflejan, señal de que dinero no les falta gracias al apoyo de los mismos intereses ultraderechistas –nacionales e internacionales– que impulsan a Vox y Hazte Oír.

El Yunque y la internacional ultra: intereses ocultos tras la financiación

Profundizando en las conexiones ocultas de estas fuentes de dinero, aparece recurrentemente un nombre: El Yunque. Se trata de una organización secreta de extrema derecha, nacida en México en los años 1950, que se ha infiltrado en numerosos movimientos “provida” y “profamilia” alrededor del mundo. En España, El Yunque desembarcó discretamente hace décadas, operando a través de plataformas pantalla como Hazte Oír, CitizenGo, Profesionales por la Ética o la propia Abogados Cristianos. El Yunque es una secta ultracatólica, paramilitar y conspirativa cuyo objetivo declarado es instaurar “el Reino de Dios en la Tierra”, incluso justificando la violencia contra quienes percibe como enemigos. En su lista de enemigos caben no solo los secularistas o izquierdistas, sino también clérigos católicos moderados (a los que acusaba de “marxistas” en Latinoamérica). Históricamente, los fundadores de El Yunque admiraban el modelo nacional-católico de Franco y tejieron lazos con grupos franquistas (Falange, Fuerza Nueva) desde México. Comprender esta ideología es clave para entender quién está detrás del dinero ultra y con qué motivación.

La influencia de El Yunque en España fue documentada por el informe El Transparente de la catedral de Toledo (2011), encargado por la Conferencia Episcopal, que identificó a numerosos miembros del Yunque operando en Hazte Oír y entidades afines. Ese informe –filtrado luego a la prensa– señalaba incluso al presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, como miembro de El Yunque en España. Desde entonces, la Iglesia española ha preferido mirar hacia otro lado, y Hazte Oír llegó a querellarse (sin éxito) contra los autores del informe para acallar el asunto. Hoy día, analistas hablan de un “momento dulce” de El Yunque en España: sus organizaciones tapadera ya no son marginales, sino que han ganado peso mediático (incluso con su propio canal de TV ultracatólico) y han visto culminado su programa político en Vox. Es decir, Vox representa en buena medida las ideas que El Yunque propugna –religiosidad estatal, combate frontal al feminismo y al marxismo cultural, nacionalismo español unitario–, por lo que la secta y sus simpatizantes tienen un interés obvio en respaldar al partido de Abascal con recursos y apoyo logístico.

Internacionalmente, El Yunque y otras sectas similares (por ejemplo, Tradición, Familia y Propiedad, de origen brasileño) conforman una especie de Internacional ultracatólica que colabora con sectores de la derecha radical secular. Por un lado están los millones de dólares que fluyen de magnates ultraconservadores norteamericanos (fundaciones evangelistas de EEUU que financian campañas antiaborto en Europa, etc.) y de oligarcas euroasiáticos (el mencionado Maloféyev en Rusia, u otros en Oriente Medio) hacia iniciativas “provida”. Por otro lado, están los partidos de extrema derecha europeos que reciben o prestan apoyo en especie: por ejemplo, Vox ha mostrado cercanía con el partido polaco Ley y Justicia y con movimientos ultras italianos, compartiendo plataformas creadas por think tanks católicos. No es casual que Ordo Iuris, la influyente organización ultracatólica de Polonia, esté aliada con CitizenGo y admire el trabajo de Abogados Cristianos en España. De hecho, CitizenGo sirvió de altavoz a Ordo Iuris desde sus comienzos, y a través de esta vía se financian mutuamente campañas “anti-género” en distintos países. Detrás de Ordo Iuris hay vínculos con sectores integristas polacos y financiación opaca –algunas investigaciones la relacionan también con dinero ruso–, lo que cierra el círculo de intereses geopolíticos mezclados con los morales.

¿Y qué hay de los negacionistas, antivacunas o conspiracionistas que el usuario menciona, como los terraplanistas? Estas corrientes, si bien pueden parecer disparatadas, a menudo orbitan en la misma esfera de descontento y anti-sistema que aprovecha la extrema derecha. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se observó cómo Vox coqueteaba con el discurso negacionista de las vacunas: Santiago Abascal se negó públicamente a revelar si estaba vacunado, diciendo que no haría “proselitismo ni a favor ni en contra”. Esta ambigüedad buscaba no alienar a una parte de su base ultra escorada hacia teorías conspirativas sobre el virus. De hecho, reconocidos comunicadores de derechas como Federico Jiménez Losantos llegaron a reprochar a Vox su postura “negacionista con las vacunas”, tras lo cual Losantos fue atacado en redes por hordas de antivacunas autodeclarados voxistas. Figuras de Vox insinuaron que la vacunación debía ser totalmente voluntaria y llegaron a cuestionar la eficacia de las vacunas en televisión. Esto muestra una convergencia táctica: la extrema derecha acoge en su seno a movimientos negacionistas (ya sean del COVID, del cambio climático o incluso creyentes en teorías extremas), utilizándolos para engrosar su apoyo y amplificar su mensaje anti-“sistema”. A cambio, estos grupos encuentran en partidos como Vox amplificación política y cobertura respetable para ideas antes marginales. No es que la dirección de Vox crea que la Tierra es plana, desde luego, pero entiende que el caos informativo beneficia su narrativa contra las élites científicas, mediáticas y gubernamentales. Es sabido que potencias extranjeras como Rusia han promocionado teorías conspirativas globalmente para dividir a las sociedades occidentales; en España, los simpatizantes de esas teorías acaban con frecuencia en la órbita de Vox u otros colectivos ultras. Y esas campañas de desinformación, si bien no implican transferencias de dinero directas, sí suponen un valor propagandístico que la extrema derecha capitaliza –otro tipo de “financiación”, en este caso en especie por parte de intereses foráneos que buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

Conclusiones

El recorrido por las fuentes de financiación de la extrema derecha española nos revela un panorama complejo y transnacional. Siguiendo el dinero, encontramos que detrás de Vox y sus organizaciones aliadas (Hazte Oír, Abogados Cristianos, etc.) hay una confluencia de intereses económicos, ideológicos y geopolíticos. Grandes empresarios y fortunas locales aportaron capital seed para el despegue de Vox, movidos por afinidad ideológica o por cálculos de poder. Redes ultracatólicas –algunas de ellas conectadas con la secta secreta El Yunque– canalizan donaciones tanto nacionales como extranjeras para nutrir una “guerra cultural” contra el liberalismo progresista, ya sea en la arena política o en los tribunales. Gobiernos y oligarcas de países como Hungría, Rusia o Irán han brindado apoyo financiero (directo o indirecto) a Vox y plataformas afines, persiguiendo sus propios fines: debilitar a la Unión Europea, ganar aliados en el debate internacional o promover un orden conservador alternativo.

Todo este flujo de dinero ha permitido a la extrema derecha expandirse rápidamente y plantar cara al establishment político en España. Sin embargo, también ha dejado un rastro de irregularidades: fondos de procedencia prohibida, métodos opacos de recaudación y utilización de resquicios legales para financiarse. La respuesta de las instituciones españolas hasta ahora ha sido tibia. Pese a que el Tribunal de Cuentas ha sancionado a Vox con más de un millón de euros en total, estas multas representan solo una fracción de los recursos manejados por el partido. La legislación vigente parece insuficiente para frenar tales prácticas: las infracciones de financiación se castigan con sanciones económicas que, para un partido nutrido con subvenciones públicas y generosos donantes, son asumibles como “coste de hacer negocios”. No ha habido, por ejemplo, amenaza real de ilegalización ni condenas penales por estos hechos, lo que contrasta con la dureza con que se ha aplicado la ley en otros ámbitos (por ejemplo, a activistas sociales o rivales independentistas). Esta asimetría alimenta la percepción de ciertos “problemas con la justicia en España”, donde grupos ultraderechistas conseguirían tratos benévolos o al menos sabrían moverse con astucia para eludir consecuencias graves.

Asimismo, en el frente judicial, organizaciones ultra han podido instrumentalizar los tribunales para su agenda gracias a una figura legal –la acusación popular– pensada para la participación ciudadana en la justicia, pero que ellos han colonizado con fines partidistas. Hasta ahora, ni el legislador ni los jueces han impuesto cortapisas efectivas a esta avalancha de querellas ideológicas. El resultado es que el poder del dinero y de las conexiones permite a una minoría bien financiada marcar la agenda pública: asfixiando a críticos con litigios costosos, inundando los medios con polémicas culturales y ejerciendo presión política más allá de su peso electoral.

En definitiva, “seguir el dinero” nos ha llevado a desenmascarar a quienes están detrás de la extrema derecha española: un conglomerado que va desde acaudalados empresarios nostálgicos del orden tradicional, hasta redes religiosas ultra con tentáculos internacionales, pasando por potencias extranjeras interesadas en desestabilizar. Todos ellos invierten en Vox y sus satélites con el objetivo de moldear la sociedad según sus intereses: ya sea para conseguir leyes más acordes a su moral, para obtener influencia y contratos, o para debilitar la democracia liberal que les incomoda. La extrema derecha, por su parte, actúa como nexo útil entre estos mundos, sirviendo de ariete político a cambio de recursos.

Queda por ver si la sociedad democrática española y su Estado de derecho logran responder con transparencia y firmeza. La clave estará en exigir mayor claridad sobre las financiaciones (tanto de partidos como de asociaciones), en fortalecer los controles legales –para que las sanciones no sean meramente simbólicas– y en proteger el libre debate público frente a la intimidación judicial. Solo iluminando estas tramas de dinero e influencia se podrá contrarrestar eficazmente el avance de quienes, con maletas llenas de dinero y la cruz en ristre, pretenden imponer su agenda al margen de las reglas del juego democrático. La investigación periodística y la ciudadanía informada tienen un papel crucial en esa tarea: como hemos visto, seguir el dinero ha sido y seguirá siendo la vía para descubrir quién está detrás de aquello que buscamos entender.